El modelo sólo cierra con represión

Es imposible condenar a la mitad de la población al hambre y a la vez mantener
en pie un sistema de libertades democráticas. Más difícil aun cuando se trata
de una población que hasta no hace mucho tiempo vivió en un país
industrializado, con amplio acceso a la salud y la educación, que conquistó
derechos ciudadanos de organización y libre expresión, y que puso en pie una
sociedad civil amplia, diversa y heterogénea.
Desarmar todo ese andamiaje social sólo puede hacerse a costa de un
desaguisado mucho mayor que el perpetrado por la última dictadura. O, dicho de
otro modo, si el genocidio de los militares encabezados por el general Jorge
Rafael Videla no pudo desarticular el tejido social -en vías de reconstrucción
en la última década y media-, sólo cabe rendirse a la evidencia o insistir con
el remedio. La primera opción supone dar un vuelco a la política económica y
social que se viene implementando desde 1975, que llevaría a romper con los
organismos financieros internacionales y vivir con lo puesto; la segunda es
mucho más dramática: reiterar la receta, pero en dosis infinitamente mayores,
en vista del escaso resultado conseguido. O sea, preparar una represión mucho
más amplia que la ensayada entre 1975 y 1983.

Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno presidido por
Eduardo Duhalde, la tiene clara. Una semana atrás, ante un auditorio de
oficiales de la Fuerza Aérea puso en negro sobre blanco su pensamiento. Dijo
sentirse orgulloso de haber firmado en 1975, como ministro de Trabajo de
Isabel Perón, el decreto que ordenaba la "aniquilación" del terrorismo. Y
agregó -éste es el dato esencial- que volvería a hacerlo "sin vacilar", en
vistas de que se avecinan "tiempos difíciles" y que tanto la policía como la
gendarmería se verán "desbordadas" por las protestas sociales en curso que
pueden desembocar en un estallido social.

Tanto más grave que las declaraciones de ese funcionario es que ningún otro
del gobierno de Duhalde, ni el mismo presidente, haya salido a desautorizarlo.
Y peor aun, otros varios, entre ellos el comandante en jefe del ejército,
coincidieron con el punto de vista expresado por Ruckauf.




VOLVER A LOS SETENTA

Parece claro, entonces, que no se trató de un caso aislado. Ruckauf no es un
recién llegado y representa el estado de ánimo de una parte de la dirigencia
política y empresarial argentina y de un sector del gobierno de George W Bush.
El ministro se ufana de las excelentes relaciones que mantiene con el
secretario de Estado estadounidense, Colin Powell.

Vale la pena recalcar que ideas como las del canciller argentino son
defendidas, por ejemplo, por el ex ministro de Defensa y brevísimo ministro de
Economía Ricardo López Murphy, un hombre con sólidos vínculos en el mundo
empresarial trasnacional y financiero, pero también con empresarios y
militares locales. En precampaña electoral, López Murphy defiende nada menos
que una "reforma estructural del Estado" para darle más atribuciones a las
"fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia". Carlos Menem, por
su parte, en plena luna de miel con Washington, no oculta ni sus objetivos de
retornar al poder ni sus planes represivos. Hace pocos días sentenció que la
calle está tomada por "marxistas" y agitadores, adelantando lo que se puede
esperar si llegara a retomar las riendas del poder.

Sin embargo, los "tiempos difíciles" que los partidarios de una salida
represiva defienden, en nada se parecen a la situación que llevó al golpe de
Estado de 1976. En aquellos años, recuérdese, se argumentó que la intervención
de las fuerzas armadas era necesaria para combatir a la guerrilla que
amenazaba con destruir la convivencia entre los argentinos y hasta ponía en
peligro la existencia de la nación. Ahora se habla de un posible estallido
social, del "desborde" que provocaría la presencia permanente de piqueteros y
asambleístas en las calles. En suma, la célebre "teoría de los dos demonios",
la que suponía que había una guerra entre dos ejércitos, era apenas un mal
argumento. ¿O era sólo un argumento?

El hecho de que siete de cada diez desaparecidos fueran sindicalistas y no
guerrilleros desmiente la tesis oficial de que el golpe y la brutal represión
se dieron para frenar a la subversión. El argumento es tan débil como el de
quienes quieren ver en los piqueteros, o en cualquier otro movimiento social,
un factor desestabilizador. Un país que condenó a 14 millones de personas, de
un total de 36 millones, a una situación de pobreza extrema, sabe que no puede
apelar a ninguna legitimidad política. Sobre todo, si esos millones eran antes
ciudadanos y se los condena ahora al papel de marginados.




REPRESIÓN ANUNCIADA

Los dos muertos, los 60 heridos -muchos de ellos de bala- y los 160 detenidos
que provocó la indiscriminada represión en el puente Pueyrredón, fueron
largamente preparados durante por lo menos una semana desde el mismísimo
gobierno. Son varias las fuentes. El periodista Miguel Bonasso escribió en
Página 12 que se preparaba una violenta represión contra los piqueteros en el
puente Pueyrredón, uno de los accesos de la zona sur a Capital Federal. La
filtración provenía de un magistrado que lo había escuchado de boca de
funcionarios policiales, quienes aseguraban que ese día iban "a meter bala".
El dirigente piquetero de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, Luis D'Elía,
también supo que se descargaría una dura represión sobre los que cortaran el
puente. No era ningún secreto. Pero Duhalde había hecho su apuesta: si los
piqueteros salían a la ruta, lloverían balas, lo que significaba una dura
advertencia hacia el resto de los protestones; si los amedrentaba y desistían,
conseguía bajarle el pico a la protesta. En cualquiera de los casos sería un
triunfo político, ya que "las cosas no pueden seguir así".

La forma como se implementó la represión habla por sí sola acerca de la
voluntad expresa de aniquilar a los piqueteros. La policía no se limitó a
despejar el puente y disolver a los 3 mil manifestantes. La mayoría de los
heridos lo fueron a varias cuadras del foco del enfrentamiento, los muertos en
la estación ferroviaria, a cientos de metros del puente. Además, la policía
allanó la sede de Izquierda Unida, un partido del arco parlamentario, tirando
la puerta abajo a patadas; policías federales ingresaron en territorio de la
Capital, cosa que tienen prohibida, y, lo más grave, ingresaron a los golpes
al hospital Fiorito, donde se atendía a los heridos, secuestraron a varias
personas y se llevaron ropas ensangrentadas que podían utilizarse como prueba
en su contra.

Puede preguntarse -como han hecho algunos periodistas, varios políticos de la
oposición y todo el gobierno- por qué los piqueteros insistieron en realizar
una acción como el corte de un puente "estratégico" pese a todas las
advertencias recibidas. Las respuestas son múltiples. Ese mismo puente había
sido cortado en varias ocasiones, desde hace varios años, por los mismos
grupos. El año pasado un piquete de casi una semana en el puente Pueyrredón se
había saldado con la entrega de cientos de planes Trabajar por parte del
gobierno de Fernando de la Rúa. En suma, el corte en ese lugar no era ninguna
novedad.




REPRESIÓN SISTÉMICA

Por otro lado, las organizaciones de desocupados de la zona sur están
integradas en su inmensa mayoría por jóvenes de menos de 25 años. Ese sector
de la sociedad que no tiene la menor posibilidad de conseguir un trabajo
digno, ni siquiera uno mal remunerado, los "cabecitas negras" que sobreviven
en asentamientos precarios, en zonas en las que los niños se alimentan con
sapos y carne de caballo, según un informe publicado por Página 12 hace una
semana. Esos jóvenes no sólo no tienen futuro, tampoco tienen presente, no
existen en los planes oficiales y, para colmo, los subsidios suelen serles
negados si no son jefes o jefas de hogar. Son carne de "gatillo fácil", una
modalidad que en los últimos años se cobra un promedio de casi una víctima por
semana.

Los datos recogidos por la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi) son escalofriantes. Los abogados de la institución
(http://www.derechos.org/ correpi) han hecho un minucioso seguimiento de los casos de
personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, desde 1983 hasta
noviembre de 1998. Los casos relevados excluyen los enfrentamientos reales y
se concentran en fusilamientos enmascarados, tortura seguida de muerte,
desapariciones y muertes de terceros causadas por la policía en
enfrentamientos. En 15 años fueron 470 homicidios policiales. Un promedio de
31 por año, 2,6 por mes hasta 1997. Dos datos a retener: en 1998, cuando
comenzó la actual oleada de protestas sociales, los homicidios policiales
ascendieron a 39; del total, el 47 por ciento se produjo en la provincia de
Buenos Aires, que reúne sólo al 25 por ciento de la población del país.

La cifra debe haber trepado en los años siguientes, para los que no existe
relevamiento. Sólo el 19 y el 20 de diciembre de 2001 se registraron 32
muertos por la policía en todo el país. Cuando era gobernador de la provincia,
el actual presidente consideraba a su policía como "la mejor del mundo". Quizá
haya querido decir, "la más asesina y corrupta del mundo", como señalaron
periodistas y organismos defensores de los derechos humanos.

Esos jóvenes fueron los que protagonizaron los enfrentamientos del 20 de
diciembre en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Y muchos de ellos estuvieron
el miércoles 26 en el puente Pueyrredón, enfrentando a la policía, ostentando
palos, con las caras cubiertas, en un mano a mano en el que siempre salen
perdiendo. Como en las entradas de las discotecas y los recitales, en las
canchas de fútbol los domingos, en las barras que se juntan en las esquinas de
sus barrios, todos los días. ¿Quién va a tener el coraje de decirles que sean
prudentes? Que no se "regalen" ante una policía homicida (¿etnocida?). Ellos
saben, y nadie en su sano juicio puede desmentirlos, que son muertos en vida,
que este sistema de acumulación decretó su desaparición de cualquier
ciudadanía el mismo día de su nacimiento.




VIRAJE IMPROBABLE

Ayer jueves la Central de Trabajadores Argentinos (cta) y la Corriente
Clasista y Combativa (ccc) realizaron un paro general en rechazo a la
represión. A grandes rasgos, el movimiento social, y muy en particular el
piquetero, está dividido en dos grandes vertientes: una mayoritaria que fue
reconocida por el gobierno como interlocutor, pero que mantiene fuertes
discrepancias sobre la forma en que se están implementando los planes de
empleo, y otra que descarta la negociación. Esta última tiene a su vez dos
vertientes: la vinculada a los partidos de izquierda y la independiente, que
es la mayoritaria en la zona sur, en Quilmes y Lanús en particular, articulada
en torno a la Coordinadora Aníbal Verón.

Se trata del más independiente y menos previsible del universo piquetero,
cuyos orígenes habría que rastrear en comunidades eclesiales de base de la
zona de Quilmes que trabajan en proyectos productivos y de servicios
comunitarios. Contra este sector, donde se aglutinan gran cantidad de jóvenes,
es que se enfiló el gobierno duhaldista. La violenta represión fue una forma
de advertir y atemorizar al universo piquetero, pero sobre todo al movimiento
de asambleas barriales, sobre qué les espera si persisten en seguir ocupando
la calle.

Coincidentemente, hace dos domingos la prensa informó sobre la amenaza de
autoacuartelamiento de la Armada en caso de que el Senado no aprobara el
ascenso de un oficial acusado por su participación en la represión en la
Escuela de Mecánica de la Armada, centro de detención, tortura y
desapariciones durante la dictadura. Sin embargo, pese a las amenazas, parece
improbable que se esté a las vísperas de un golpe de Estado. Sería un pésimo
negocio para los militares que, además, podría redundar en divisiones internas
agudas. El escenario más probable parece consistir en un endurecimiento de la
actividad de las fuerzas represivas, esperando frenar la protesta masiva a la
espera de que vengan tiempos mejores.

Ese plan cuenta a su favor con las divisiones en el movimiento social, el
cansancio después de meses de una escalada de protestas -más de 500 cortes de
ruta en mayo y 2 mil caceroleos desde diciembre- y con la creciente
pauperización que desgasta la protesta. Pero también es posible que las cosas
no queden allí. Un análisis editorial del diario La Nación, del jueves 27,
oscila entre considerar que el movimiento piquetero "no existiría sin un
contexto socioeconómico como el de los últimos años" y emparentar los cortes
de ruta con "la subversión de los años '70". En lo fundamental, el diario
erigido en portavoz de las elites empresariales y políticas señala: "Más que
una manifestación de la crisis social, el movimiento piquetero es una
manifestación fronteriza -y por cierto violenta e inaceptable- de la
política".

Con lógica implacable, nadie se hace cargo de las consecuencias de una
política económica que ha provocado, en el país que fue granero del mundo, que
un 40 por ciento de la población pase hambre. Siempre que se encara este
debate, los responsables de turno hacen vagas referencias a "los mercados", a
lógicas económicas que parecen leyes divinas -o castigos- caídos del cielo, a
los que no hay más remedio que aceptar con resignación. Parece, por el
contrario, hora de quitarle el velo casi místico a la economía, por lo menos a
esa seudociencia que sirve de excusa para los exabruptos que se sufren en este
continente. Un intelectual brasileño, Walter Porto Gonçalves, amigo y
colaborador de Chico Mendes, puso el dedo en la llaga en su reciente libro
Geo-grafías: "La lógica económica -dice parafraseando a Clausewitz- es la
lógica de la guerra por otros medios". La política, y los políticos, parecen
destinados a servir a esa lógica económico-militar.

Raúl Zibechi
Brecha. Uruguay, junio del 2002.